El gobierno del presidente Javier Milei se apresta a lanzar la licitación para el Belgrano Cargas, la compañía estatal que entró en la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley de Bases, en 2024.

La inminencia del llamado a licitación se da luego de que la administración libertaria expusiera ante empresarios los principales lineamientos del plan y sus plazos en el Argentina Week -a los que accedió NA- que se realizó en Nueva York a mediados de mes.

La propuesta gubernamental apunta a un esquema de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), que permite un uso libre de la vía aún sin tener potestad sobre ella, y desintegración vertical, en el que la concesión para operar los trenes y la del mantenimiento de la infraestructura férrea no necesariamente van por el mismo carril.

Estos parámetros generan inquietud entre las firmas interesadas en participar de la compulsa porque no coinciden con los criterios internacionales que rigen en la materia.

En este sentido, el modelo de Open Access implica que cualquier empresa puede usar las vías a pesar de no tener la concesión adjudicada, lo cual no aplica para servicios de carga en ningún otro lugar del mundo. En Europa está permitido solo para el transporte de pasajeros y con la participación del Estado en la subvención de la vía.

Con respecto a la desintegración de la administración ferroviaria, la iniciativa oficial apunta a abrir el juego y licitar las vías por un lado, el material rodante por otro y los talleres por otro. Además, estipula que en cada instancia se tienen que presentar empresas distintas por lo que si un mismo grupo inversor busca quedarse con más de una operación debe ofertar con distintos cuits.

La red a privatizar comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El Gobierno calcula una inversión de 755 millones de dólares, compuesta por 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, con un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

En la presentación del Ejecutivo en Estados Unidos, se fijó un cronograma que prevé el lanzamiento de la licitación antes del final de marzo, por lo que tendría que publicarse esta semana. Una vez abierto dicho proceso habrá 90 días para presentar las ofertas.

Bajo el mismo diagrama, una vez cerrado el plazo habrá un mes para evaluar las propuestas y otros 30 días para efectuar la firma del contrato, por lo que sería a mitad de año. A continuación se da un periodo de transición de 90 días y finalmente en diciembre se calcula que se hará la adquisición final por parte del adjudicatario.

Hasta el momento, la única empresa internacional que ha manifestado su interés firme de participar de la licitación es Grupo México.

Al expresar su deseo, la firma que opera en el territorio mexicano y Estados Unidos, también marcó sus diferencias con el modelo del Gobierno argentino y remarcó la necesidad de poder concentrar toda la operación en una misma oferta contemplando una inversión de US$3.000 millones.

Del otro lado, y pujando por el mismo negocio multimillonario, están las principales agroexportadoras del país nucleadas en un consorcio: Aceitera General Deheza (AGD), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC) y Cargill.