El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto para actualizar la normativa vigente en materia de salud mental. La iniciativa fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X.

Desde el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, señalaron que el objetivo es modernizar la ley sancionada en 2010 para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Según explicaron, el proyecto busca ofrecer herramientas más claras para abordar situaciones de riesgo, tanto para los pacientes como para terceros, y superar limitaciones que hoy dificultan la intervención en casos críticos.

Para la elaboración de la propuesta, se realizó un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud, así como también actores del ámbito judicial y legislativo, con el fin de identificar las principales dificultades en la aplicación de la normativa actual.

Entre los problemas detectados, se destaca que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley vigente, y que existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

Uno de los cambios centrales apunta a redefinir conceptos. Desde el Gobierno consideran que el término “padecimiento mental” resulta ambiguo y demasiado amplio, lo que complica los diagnósticos y retrasa las intervenciones. Por ello, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), incorporando la noción de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión clínica.

Asimismo, se plantea modificar el criterio actual para habilitar intervenciones, reemplazándolo por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de permitir respuestas más rápidas y preventivas.

En cuanto a las internaciones, el texto mantiene su carácter excepcional, aunque las define como necesarias en determinados contextos. Se contempla que los psiquiatras puedan indicar internaciones involuntarias, las cuales deberán ser posteriormente validadas por un equipo interdisciplinario. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial.

En los casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad de decisión. En caso de considerarse afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria con la correspondiente notificación a la Justicia.

Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento de la red de atención en salud mental, promoviendo el desarrollo de hospitales especializados, en contraste con la ley actual que impulsa el cierre progresivo de instituciones psiquiátricas. En la actualidad, existen 30 establecimientos monovalentes públicos y al menos 139 privados.

Finalmente, la iniciativa también propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y la SEDRONAR.