En su primera gran sesión mediática y política en la Cámara de Senadores de la Nación desde que es parte de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich salió en las primeras planas en una victoria legislativa del oficialismo al imponer la nueva modernización laboral, un proyecto de ley que modifica poco pero que fue resistida por parte del ala sindical y los espacios políticos.

La media sanción fue aprobada por 42 contra 30 votos, constituyendo así un importante triunfo para el oficialismo y trasladando el proyecto a Diputados, cámara que trabajará esta nueva ley antes del 27 de febrero.

Patricia Bullrich fue la cara visible de un proyecto que tiene como cambios centrales situaciones que ya ocurrian en distintos sectores del ámbito productivo. Los bancos de horas se presentan como una modificación que ya existe de facto en las relaciones laborales, algo similar a lo que ocurre con la división de las vacaciones en períodos no menores a 7 días, o las jornadas laborales de 12 horas en caso de que el empleador lo requiera.

Desde el punto de vista sindical, la aprobación de la no obligatoriedad de los aportes sindicales se impondría recien el 1 de enero de 2028, es decir, con un posible nuevo gobierno. Las negociaciones de la CGT, en ese aspecto, parecen haber prosperado.

Otro cambio será el nuevo fondo de desempleo, que representa un aporte de hasta el 2,5% que se cargarán en las ya abultadas cargas impositivas que los empleadores pagan a la seguridad social.

Bullrich insistió con que la actual ley laboral es una “legislación obsoleta” que mantiene al país “anclado en el pasado”. Desde la oposición contestaron con que viola la Constitución, y en las calles los sindicatos y partidos políticos marcharon tibiamente para manifestarse en contra de una ley que tiene los votos cantados para su aprobación definitiva.

La ex ministra de Seguridad recicló un viejo proyecto que había sido impulsado por parte de los aliados del antiguo PRO (la rosarina Verónica Razzini había impulsado algunos puntos de la modernización laboral en el ámbito de los juicios laborales, con poco éxito y apoyo por parte de La Libertad Avanza, bloque al cual se pasó recientemente) a comienzos de la gestión de Javier Milei.

En Diputados, se prevé un nuevo triunfo del oficialismo en la reglamentación de esta ley que tiene como objetivo generar nuevos puestos de trabajos formales y desalentar la “industria del juicio”, aunque en la práctica legaliza cuestiones que ya se venían aplicando con relativo éxito en el mercado laboral argentino.